Lavabit, el servicio de correo electrónico empleado por
Edward Snowden, inicia su batalla legal contra el Gobierno de EE.UU. La
compañía apeló una orden judicial que le exigía entregar las claves SSL que
protegían el tráfico de la página web.
"El Gobierno propuso examinar y copiar los registros
más sensibles y protegidos de Lavabit pese a que esas claves no eran objeto de
contrabando, no eran fruto de un crimen, no se usaron para cometer ningún
crimen y no constituían la prueba de ningún crimen. A pesar de eso, el Gobierno
obtuvo una orden para registrar y confiscar la propiedad de Lavabit simplemente
porque creía que la información le sería útil", apunta la apelación,
citada por el portal Wired.
El pasado mes de agosto el servidor Lavabit, con sede en
Texas, se vio obligado a cerrar tras negarse a eludir sus propios sistemas de
seguridad para cumplir con las órdenes recibidas del Gobierno de EE.UU. de
rastrear la dirección IP de Internet de un usuario de este servidor en el marco
de la investigación de ciertos delitos.
Entonces, el nombre del usuario en cuestión se ocultó,
pero entre los delitos que se investigaban figuraba la violación de la Ley de
Espionaje, lo que, según los expertos, daría a entender que el usuario en
cuestión sería el denunciante de la NSA, Edward Snowden.
Según la orden, la finalidad era investigar a tan solo
una persona. No obstante, la entrega de las contraseñas permitiría a las
autoridades acceder a la información de todos los usuarios. En concreto, la
apelación subraya que las claves SSL permitirían al Gobierno de EE.UU. leer o
incluso 'espiar' a cualquiera de las 400.000 personas que usaban Lavabit, pero
las autoridades insisten en que ese no era su objetivo.
Tanto el fundador del servicio, Ladar Levison, como su
abogado están sujetos a una orden de silencio que les impide hablar sobre los
detalles del caso.
Con el cierre de Lavabit, Levison perdió su fuente de
ingresos. Sin embargo, mediante una campaña de financiación colectiva logró
recaudar 90.000 dólares para costear la apelación. Una apelación que deberá
recibir una respuesta por parte del Gobierno estadounidense el próximo 4 de
noviembre.
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